EL AYUNTAMIENTO APATZINGUENSE PUGNARÁ POR TODAS LAS VÍAS LEGALES, PARA RESARCIR LOS DAÑOS PATRIMONIALES ECONÓMICOS QUE LES CAUSÓ A DECENAS DE FAMILIAS, EL EX DIRECTOR DE ATENCIÓN AL MIGRANTE, MARTÍN QUIROZ VALENCIA.

Apatzingán, Michoacán De Ocampo, México. Abril del año 2021. En sesión de cabildo, el Ayuntamiento Apatzinguense, encabezado por el Licenciado José Luís Cruz Lucatero, dió a conocer la postura defensora y protectora de las garantías y derechos de cada uno de los Ciudadanos del “Lugar de Comadrejas”; los cuales, se vieron afectados por la deshonestidad, los actos perniciosos, ilícitos y la vileza del ex funcionario público de extracción Petísta, responsable de la Dirección de Atención al Migrante, el Licenciado Martín Quiroz Valencia.

Cruz Lucatero, en su carácter de representante de los Apatzinguenses, puntualizó que desde el momento que se tuviero los primeros indicios de los hechos de defraudación -Por parte de Quiroz Valencia, hoy prófugo de la justicia-, hacia las personas que confiaron en el programa “Empleo Temporal”, -Que está completamente externo y al márgen del Municipio y las dependencias-, se tomaron las acciones y medidas jurídicas pertinentes para subsanar está problemática.

Apegado a las más estrictas normas de civismo, honestidad, transparencia y de anticorrupción, el Mandatario Apatzinguense, externó que de inmediato exhortó al ex mal servidor público, para que no lucrara ni involucra al Ayuntamiento, su nomenclatura y logotipos en programas no Gubernamentales.

Todo indica, que en un arranque de venganza política para con su “ParTido” y Líderes, Martín Quiroz decidió desaparecer llevándose consigo documentos probatorios, además de un aproximado de más de un millón de pesos, que había recaudado en varios meses, de las personas que se anotaron en el programa de trabajo en el extranjero.

En respuesta a esta deleznable acción en detrimento de la economía de los Apatzinguenses -Incluyendo también a los potenciales beneficiarios del programa Palomas Mensajeras-, el Ayuntamiento asumió una actitud protectora, brindándoles soporte, apoyo y orientación a las familias defraudadas e interponiendo los denuncias correspondientes, para resarcir a la brevedad posible el daño patrimonial económico de los afectados.